No deja de ser preocupante que de todo lo visto y oído sobre el tema del empadronamiento de los extranjeros en situación de ilegales solo pueda coincidir con lo que ha dicho  la Vicepresidenta del gobierno, ex secretaria judicial y ex jueza, María Teresa Fernández de la Vega.

Pero es que ante tanta tontería dicha sobre el tema, comenzado por lo dicho por mi paisano Mariano Rajoy, lo que ha dicho la valenciana es lo más sensato que he oído en estos días, creo que se le nota que su especialidad ha sido el derecho laboral.

Y es que la vicepresidenta, no sé si por la edad, es un día más joven que yo, o por sus conocimiento del derecho laboral, es la única que ha dicho lo evidente, que al parecer ignora el Sr. Rajoy, a pesar de su pasado de registrador de la propiedad, cual es que el padrón es una cosa y la autorización administrativa para residir legalmente en España otra.

Y es que no se puede olvidar que desde 1785, reinado Carlos III, los ayuntamientos tienen encomendado el llevar el registro de la población que reside de hecho y no de derecho en sus territorios. Tales registros son los denominado “Padrón municipal” esto es el registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. Su formación, mantenimiento, revisión y custodia corresponde a los respectivos ayuntamientos y  su actualización consiste en hacer la «Revisión del Padrón», esto es haciendo sobre tales registro las labores de mantenimiento, anotando las altas, las bajas y las variaciones de datos. Cuando certifican la inclusión de una persona en tales registros lo hacen mediante los conocidos “certificados de empadronamiento” Repito se trata de contar, de una forma ordenada, con la mayor aportación de datos con valor estadístico, la población existente en un determinado lugar geográfico

Curiosamente fue un predecesor de la vicepresidenta y Ministra de la Presidencia de España, pues fue Secretario de estado de España, cuando ese cargo tenía las mismas competencias que hoy tiene la presidencia del gobierno. Fue por cierto un innovador en cuanto al método de conteo anterior pues se cambio el contar casas y atribuirle “almas” a los “fuegos” a razón de cinco almas por fuego, por contar personas físicas casa por casa, que es como se hace actualmente.

En Roma los empadronamientos se hacía por tribus, siendo estas un conjunto de personas que proceden generalmente de una familia o de la asociación de varias familias, que habitan un poblado o aldea en un territorio geográfico definido, de ahí la obligación de retornar al lugar de origen para ser censados que nos cuenta la biblia con ocasión del nacimiento de Jesucristo y como consecuencia del más famoso de los censos el que realizo Quirino siendo gobernador de Siria, en tiempos del Emperador Augusto en Galilea. Pero a lo contrario de los actuales tales censos solo tenían una misión recaudatoria, pues se censaban y pagaban impuestos como consecuencia de tal inclusión, si bien es de suponer que a cambio se recibiría algún tipo de ventaja.

Hoy día en donde las políticas comerciales nos llevan a la globalización, que como proceso dinámico de la sociedad supone el intercambio entre territorios de mercancías, sobretodo de bienes de consumo, de personas, de ideas y de tecnología, donde se están creando nuevos hábitos sobretodo en la comunicación, como el uso de internet, no se puede hacer la misma política de censos y con la misma finalidad que en la Roma de Augusto, que sería lo que interesaría hacer a los políticos nacionalistas, esto es censar solo a los que van a pagan impuestos locales y dejar fuera al resto.

Los políticos nacionalistas quieren para sí la regulación de los extranjeros dentro de sus territorios, es su vieja pero permanente petición, por que el flujo migratorio incontrolado no les conviene ni electoralmente ni económicamente. Y con un ZP dispuesto a darles todo lo que pidan es indudable que lo de Vic fue simplemente un globo sonda.

Estoy convencido que esto no hace más que empezar y que lo siguiente sea pedir de modo explicito, como hiciera María Antonia Munar en Baleares en el 2006, que hay que regular mejor la legislación de los permisos de residencia para los extranjeros y que tal cosa debe ser competencia de las autonomías.

Admito a puestas.